La portavoz de esta asociación, María Moreto, trasladó dicha valoración a Servimedia explicando que el mes de agosto ya es hábil para los casos "con peso" y que para los menos importantes, como los robos o hurtos, la medida se topará con el problema de que muchos testigos, que a veces ya es difícil citar en julio, no podrán comparecer porque estarán de vacaciones.

En estas circunstancias, los grandes perjudicados no serán los jueces ni los fiscales, ni los grandes despachos de abogados, que siempre podrán establecer turnos en julio y agosto y hasta podrán cogerse las vacaciones en fechas distintas a este último mes, al que se veían abocados hasta ahora, sino los bufetes con menos personal disponible.

Moreto sí suscribió la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales y reducir la afluencia de casos a los tribunales, sólo que recordó que Gallardón tendría que decir cómo.

La portavoz de la UPF apuntó la posibilidad de reforzar el arbitraje o la mediación, aunque siempre serían voluntarios, y penalizar a quien abusa de los recursos para retrasar por interés los procesos.

Por último, apostó por las nuevas tecnologías, como las videoconferencias, el expediente digital y la Oficina Judicial, pero recordó que para su implantación eficiente hace falta más inversión.