El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, aseguró que su organización viene sosteniendo “desde hace muchos meses que la recuperación micro no se está produciendo, al menos en todos los sectores, a la velocidad que nos quieren hacer ver”, ya que “muchas pymes se tuvieron que sobreendeudar para hacer frente a los pagos” durante los meses de pandemia “y todavía no han recuperado sus niveles de ingresos”.
Por ello, Santiago enumeró una serie de peticiones al Gobierno entre las que también incluyó que se obligue a los bancos “a aceptar las ampliaciones” de crédito. Con estas medidas, según el presidente de los Gestores Administrativos “conseguirán tiempo ustedes, los bancos y las pymes y autónomos para recuperar el pulso de su actividad”.

De lo contrario, "será un buen negocio para los bancos, que terminarán recibiendo los fondos del Estado (70/80% de las cantidades avaladas) y un mal negocio para el país”, añadió.
Para apoyar su tesis sobre la falta de liquidez, la organización ofreció los datos de su barómetro del mes pasado, según los cuales, el 26% de las pymes atraviesan problemas de liquidez, el 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda, el 14% encuentra problemas para pagar los alquileres y un 27% de los negocios tiene clientes morosos.
A todo ello, se suma otro “preocupante” dato, el hecho de que 130.000 empresas estén en “situación de quiebra técnica” y “solo la moratoria concursal evita que hayan tenido que presentar ya el concurso de acreedores”. Según los Gestores Administrativos, el último informe de estabilidad financiera del Banco de España viene a reforzar estos datos.
PROBLEMAS CON LOS PRÉSTAMOS
Para Santiago, el Código de Buenas Prácticas, que pretendía ser “un alivio” para las pymes con préstamos ICO, ha sido “un nuevo fiasco” , pero no ha sido el “único problema”, pues también ha habido “dificultades administrativas” provocadas por los bancos y por el ICO en la gestión de los préstamos.
“Han dejado en mano de los bancos una gran parte de las operaciones a renovar. Si, tras cumplir el extenso marco de condiciones establecido en el real-decreto ley que regula el Código de Buenas Prácticas, la pyme o el autónomo no tuvo una caída del 30% de ingresos entre 2020 y 2019, el banco decide si quiere o no ampliar”, denunció.
Además, señaló otros problemas como la “desinformación en las oficinas” o los “procesos centralizados que aburren a cualquiera”, que además son “casi imposibles” para aquellas empresas sin un departamento administrativo en su tarea de “materializar todas las solicitudes de información que reciben”.