"A la espera de ver cuál es la decisión final, parece que los magistrados del Tribunal Constitucional se han tomado en serio el recurso”, señaló Llamazares, para quien "este recurso era la última posibilidad" que quedaba "después de que PP y PSOE decidieran sustituir lo que era una Constitución social por otra conservadora", impuesta por los mercados internacionales y no por las necesidades ciudadanas.

El diputado de IU justificó el recurso por la necesidad de que los tribunales se pronunciaran sobre "las formas con las que socialistas y populares gestionaron la reforma constitucional más importante" ejecutada en España, con "agosticidad" y ‘bipartidismo ocultista’ en la negociación previa.

A la sigilosa preparación de la reforma se añadiría el posterior rechazo de la Mesa del Congreso a la iniciativa de esta formación para enmendar ese procedimiento.

El recurso que el TC ha decidido estudiar a fondo pedía la nulidad del acuerdo entre PSOE y PP y la propia reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el imperativo de la estabilidad presupuestaria, obligando a tramitar la modificación de la Carta Magna "por los trámites legislativos ordinarios, sin declaración de urgencia, sin reducción de plazos y sin tramitación mediante lectura única".