Según indicaron a Servimedia fuentes del espacio confederal, la redacción concreta del nuevo articulado que regule la entrega rápida de inmigrantes que lleguen de forma irregular a España se deja para cuando tenga lugar dicha modificación de la Ley de Extranjería, pero afirmaron categóricamente que “hay acuerdo”. Sin embargo, igual de rotundas se muestran las fuentes socialistas consultadas por esta agencia al negar que se haya producido un acuerdo en este sentido. “No es verdad”, y ahondan en que lo que asegura Unidas Podemos no se puede aplicar.

Este jueves, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y portavoz adjunto del grupo confederal en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, explicó que los temas de inmigración quedaban fuera del “acuerdo total o altísimo” al que aseguró que se había llegado con el PSOE para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana (cosa que fuentes del PSOE también desmintieron a Servimedia, aplazando el pacto a que también se una el PNV, autor de la proposición de ley de reforma de dicha norma de 2015). Según Santiago, esos asuntos se dejaban para la reforma de la Ley de Extranjería, incluidas las devoluciones en caliente, aunque éstas quedaron sancionadas en la también llamada ‘ley mordaza’.

En este sentido, desde Unidas Podemos afirmaron que hay acuerdo con el PSOE para que lo relativo a las devoluciones en caliente se regule según los convenios internacionales firmados por España, y no según la sentencia del Tribunal Constitucional que las avaló en determinadas condiciones y circunstancias. En aquella resolución de noviembre de 2020 convalidó casi toda la Ley de Seguridad Ciudadana.
EL AVAL DEL TC

Entonces, el TC interpretó que la entrega inmediata de inmigrantes irregulares a sus países de origen es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consistente en que el “rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre. La actuación material [será constitucional], sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.

Ahora bien, el Constitucional puntualizó también que “el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España”, y a eso es a lo que se aferran desde Unidas Podemos para defender que, cuando se modifique la Ley de Extranjería, se ha de priorizar tales tratados sobre la propia sentencia del TC. Según las fuentes citadas del espacio confederal, el PSOE se habría declarado de acuerdo con esta prevalencia, pero los socialistas niegan haber llegado a ningún pacto en este sentido.

Entre los aludidos tratados internacionales, el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”, en tanto que la Convención de Ginebra prohíbe devolver a ninguna persona a un lugar donde corra peligro, a la vez que impide castigar la entrada irregular en un territorio de alguien que demanda protección. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en febrero de 2020, corrigiendo una sentencia suya de 2017, un ejemplo de devolución en caliente de dos jóvenes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014.

El acuerdo de gobierno firmado en enero de 2020 por el PSOE y Unidas Podemos no hacía ninguna referencia específica a las devoluciones en caliente, sino que se limitaba a prometer la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que derogara la del PP. Sí lo hacía el programa electoral de Unidas Podemos, al comprometerse: “ Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal”.