La diputada socialista María Cózar afirmó que "hemos tenido la ocasión de haber mejorado este convenio y no se han presentado propuestas de resolución, pero, aunque no se hayan hecho, hay que valorar la participación activa del Parlamento (andaluz) en este acuerdo".

Con este convenio, Cózar añadió que "además de reducir trámites, habrá una administración más eficiente de los recursos públicos".

Por su parte, la diputada popular Carolina Fernández Vigo se mostró también a favor del convenio "en cumplimiento del artículo 226 del Estatuto de Autonomía de Andalucía" y coincidió en el acuerdo unámime que se produjo en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz en torno a esta cuestión.

"Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, dentro de su ámbito competencial, han buscado una Administración más ágil para el ciudadano", dijo, y añadió que, cada vez que se quieren practicar este tipo de actividades, se tienen que "sortear obstáculos", ya que cada comunidad había planteado un modelo distinto.

Fernández Vigo calificó la caza y la pesca como una actividad "tan antigua como asentada en nuestro país, una forma de entender la vida en el medio rural y un motor económico importante", que genera "más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos".

UN CONVENIO QUE DA HOMOGENEIDAD

El diputado de IU-Los Verdes, José Antonio Castro, se posiciónó también de forma favorable al convenio, que "racionaliza y da homogeneidad a los trámites necesarios".

"No se trata sólo de facilitar la concesión de licencias para los usuarios, sino también habrá mayor eficiencia en los trámites de las comunidades autónomas adheridas al convenio", añadió.

Castro señaló que para obtener la licencia hay que superar un exámen y un curso de aprovechamiento que pruebe la aptitud de los solicitantes, y añadió que hay que homologar todo lo posible estos procedimientos y no rebajar las exigencias y requisitos.

Respecto a la adhesión al acuerdo por parte de otras comunidades autónomas, Castro concluyó que deben participar en el acuerdo para que no haya diferencias entre ciudadanos del Estado español.

La autorización parlamentaria en torno a esta cuestión será ahora trasladada al Consejo de Gobierno andaluz.