Por ello, esta organización, y otras ONG de África, Europa y Estados Unidos, piden una reforma en profundidad de dicho sistema, con el fin de que pueda cumplir sus objetivos de erradicación de las violaciones de los derechos humanos y el contrabando en el sector.

Según publica PAC en la edición 2009 de “Revue annuelle diamants et securité humaine” (Revista anual diamantes y seguridad humana) dicho sistema ya no puede evitar el contrabando y las violaciones de los derechos humanos, e impedir la comercialización de “diamantes ensangrentados” que financian conflictos bélicos.

Dicho informe, que analiza la situación en una docena de países productores, subraya que ello no solo debe a la debilidad del Proceso de Kimberley sino también a la pasividad de los gobiernos de los países productores que no actúan contra el contrabando, las violaciones de los derechos humanos y el blanqueo de dinero.

PAC añade que el colapso de la normativa que regula el comercio de diamantes tendría graves consecuencias en las economías de numerosos países, y afectaría a millones de trabajadores de países pobres que dependen de modo directo o indirecto.

Por ello reclama medidas que impidan que se vuelva a la situación previa a 2003, cuando el 25% de los diamantes vendidos en el mundo eran ilegales, y se utilizaban para el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, el tráfico de armas y drogas, o la financiación de conflictos bélicos y terrorismo.