El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines dijo que al contrario de lo que está ocurriendo en otras regiones españolas, esta ley garantiza los sueldos y los puestos de trabajo de los empleados públicos, y lo hace, instaurando un modelo basado en la mejora de la productividad.

Dijo que las enmiendas propuestas por PSOE, IU y UPyD pretenden “aprobar una subida de impuestos sobre la renta y el ahorro que, en una situación de crisis y sobreendeudamiento de las familias españolas como la actual, resultaría muy perjudicial para conseguir la recuperación económica”.

“Creemos que para salir de la crisis económica, los trabajadores públicos deben hacer un nuevo esfuerzo, arrimar el hombro y adaptarse a la realidad actual en la que deben primar la productividad y la eficacia”, explicó Muñoz Abrines.

Dijo que esta ley incluye también un cambio fiscal, ya que se modifican las deducciones por gasto educativo en el Impuesto de la Renta.

Así, se amplía el tramo de edad deducible al segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, a partir de los 3 años y hasta los 16. Hasta ahora el tramo deducible estaba fijado entre los 6 y los 16 años.

Con la nueva ley se elimina también la obligatoriedad por parte de los establecimientos de contar con una licencia especifica para vender bebidas alcohólicas.

Se eliminan también las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en gasolineras.

Asimismo, las farmacias dispondrán de mayor flexibilidad de horario comercial, garantizando, en todo caso, los horarios mínimos de apertura y guardias que hoy existen y mejorando, por tanto, el acceso de los consumidores a los medicamentos y artículos farmacológicos.

Todos los grupos de la oposición rechazaron estas medidas, entre ellos, el PSM, cuyo portavoz, Tomas Gómez, además de denunciar estas decisiones de Aguirre, se mostró dispuesto a apoyar la denuncia de inconstitucionalidad de UGT y CCOO y sus movilizaciones.

El portavoz de IU, Gregorio Gordo, está dispuesto a apoyar un recurso ante el Tribunal Constitucional, debido a que la Comunidad “ha pasado ya todas las líneas rojas”.