El responsable de UGT en la sección de función pública, Santiago Tamame, indicó que las movilizaciones contra esta medida podrían terminar “seguramente” en un paro.

Tanto él como el representante de CCOO, Juan Antonio Olmos, señalaron que aumentar la jornada de los empleados públicos conllevará el despido de unos 7.000 interinos.

Mientras se celebra el Pleno de aprobación de la Ley de Acompañamiento, cientos de personas convocadas por UGT y CCOO se manifiestan contra estas medidas.

Por otro lado, Tomás Gómez consideró que estas medidas suponen un retroceso en los derechos de los trabajadores y un ataque que, además, no contribuirá a acabar con el absentismo laboral.

Además, denunció el hecho de que el PP aproveche la Ley de Acompañamiento para aprobar las medidas "más caciquiles y arbitrarias" de Esperanza Aguirre.

Expresó, asimismo, su preocupación porque estas medidas contra los empleados públicos se extiendan a los trabajadores de empresas privadas.

Tomás Gómez aseguró que los servicios jurídicos del PSM estudiarán si procede un recurso de inconstitucionalidad contra estas medidas de la Ley de Acompañamiento, y de ser así, él mismo promoverá en el Senado la recogida de las firmas necesarias (hace falta que pidan el recurso 50 diputados o senadores) para presentarlo.

Dijo que estas medidas son una muestra más de que Aguirre es el "brazo político de los poderes económicos" y que su Gobierno actúa "al dictado" de la patronal.