Esta regulación de la cesión de tramos a consistorios también recoge que el Ministerio se encargará de ejecutar los contratos firmados con el fin de realizar las mejoras necesarias para adecuar las carreteras cedidas a su nueva función como vías urbanas, “desarrollando e implantando las soluciones de movilidad urbana más sostenibles” en términos técnicos, económicos y ambientales.

Según explicaron desde el Ministerio de Transportes, el nuevo sistema establece que todas las actuaciones que se quieren efectuar sobre estas vías deberán definirse antes en un proyecto de construcción, que deberá ser redactado por la Dirección General de Carreteras. Una vez formulado, el Ministerio y el ayuntamiento que asumirá la titularidad de la vía urbana deberán llegar a un acuerdo para ejecutar el proyecto, que estará sujeto a la “condición suspensiva de que la Administración General del Estado reciba de conformidad las obras realizadas”.

El Ministerio de Transportes justifica esta orden ministerial en “la experiencia acumulada en las entregas tramitadas durante el último decenio, a lo que se añaden las nuevas orientaciones y políticas europeas de movilidad segura y sostenible”. Estos factores, sumados a la recepción de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, “aconsejan regular un nuevo sistema que sustituya al establecido en la normativa vigente hasta el momento”, según explican las fuentes ministeriales.

Asimismo, el Ministerio de Transporte no incluye en esta orden ministerial los proyectos y actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares.

“Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que podrá autorizarlas, si cumplen los requisitos para ello, pero su ejecución y financiación corresponderán a los promotores de los desarrollos mencionados”, señalaron.