Según explicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Fomento, tras nueve meses de investigación, la AESA considera que no existen elementos que permitan abrir un expediente sancionador contra Iberia, que podría haber supuesto una multa de hasta cuatro millones de euros.

En definitiva, el expediente informativo abierto el pasado 12 de enero se ha cerrado con la conclusión de que Iberia no cometió irregularidades que puedan imputársele ni que puedan ser objeto de sanción.

Para llegar a esta resolución, la AESA solicitó información a AENA, a la Guardia Civil y a la propia Iberia. La apertura del expediente se produjo tras las denuncias de centenares de pasajeros.

Estas personas se vieron afectadas por las alteraciones en los vuelos de Iberia durante varias semanas de los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, molestias que fueron especialmente destacadas durante la nevada que provocó el cierre de Barajas el pasado 9 de enero.

La situación se normalizó cuando Iberia llegó a un preacuerdo con el sindicato de pilotos Sepla, que permitió la firma del convenio colectivo de estos profesionales tras más de una década de desencuentros. En ese momento, compañía y pilotos retiraron las denuncias y los expedientes en curso.

Esta presunta huelga de celo de los pilotos costó a la compañía, según estimaciones realizadas durante esos días, más de 20 millones de euros. Tuvo que cancelar más de 1.000 vuelos, retrasar más de 7.000 y contratar más de 200 aviones para paliar los efectos de la presunta movilización de sus trabajadores.

Los problemas ocasionados por las anomalías en la operativa de Iberia llevaron incluso a que el PSOE solicitase la comparecencia en el Congreso de los Diputados del entonces presidente de Iberia, Fernando Conte, aunque finalmente no se produjo.