Ambos sindicatos señalaron en un comunicado que el Estado "no puede limitarse a dejar en manos de las comunidades autónomas el futuro de los medios de comunicación, tal y como hace en este proyecto de Ley Audiovisual, renunciando así a ejercer su competencia exclusiva en el establecimiento de la normativa básica de todos los medios de comunicación social, competencia que establece el artículo 149 de la Constitución Española".

Consideran imprescindible que el proyecto de ley garantice el mantenimiento del empleo estable y de calidad en el sector, conservando dentro de la actividad ordinaria de las corporaciones públicas, los programas informativos y aquellos que expresamente determinen los Mandatos Marco aprobados en cada parlamento territorial, sin posibilidad de recurso a modalidades de subcontratación.

De igual manera, abogan por que la nueva ley incorpore la actual regulación dispuesta en la vigente Ley de Televisión Privada relativa a los medios propios necesarios para el desarrollo de la actividad.