Así lo anunció en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que destacó el compromiso de la organización de crear 25.000 empleos y plazas ocupacionales para personas con discapacidad en los próximos 10 años. De estos, unos 5.000 empleos deben crearse en las áreas de ciencia, sostenibilidad y tecnología, agregó la portavoz.

A su juicio, se trata de “un acuerdo sin precedentes”, que refuerza la inversión para la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Así, subrayó la “gran labor de cooperación interministerial” liderada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la implicación de los ministerios de Consumo, Hacienda, Trabajo e Interior.

Como novedades, señaló el refuerzo de la protección a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y el reconocimiento expreso de la atención a las personas refugiadas con discapacidad visual.

MEJORAS

En concreto, los 25.000 empleos comprometidos para la próxima década suponen un aumento del 67% respecto al acuerdo anterior. Asimismo, el plan prevé desarrollar acciones formativas para 100.000 personas con discapacidad (3,3 veces el objetivo actual) y ofrecer 3.000 becas para jóvenes. Otro de sus objetivos es ampliar el apoyo a personas con discapacidad psicosocial y desarrollar acciones para la inserción laboral de unas 1.300 víctimas de violencia de género con discapacidad.

Este acuerdo contempla elevar la inversión destinada a servicios sociales para personas con discapacidad visual, recoge la atención a las personas ciegas o con deficiencia visual extranjeras que hayan obtenido el estatus de refugiadas o la protección subsidiaria por parte del Ministerio del Interior.

Además, el Grupo Social ONCE adquiere el compromiso de apoyar el deporte paralímpico como elemento importante de cara a la inclusión de las personas con discapacidad, así como de cooperar en el empleo y la educación de las personas ciegas latinoamericanas.

JUEGO RESPONSABLE

Toda esta labor social se apoya en la explotación de la concesión a la ONCE de una licencia para comercializar productos como operador de juego de reconocido prestigio, sujeto a un estricto control público y en pro de un juego responsable, social y seguro.

Dicho extremo aparece recogido en un nuevo y amplio apartado de este acuerdo. Así, se incluyen medidas como reforzar el control de acceso a menores y a las personas inscritas en los registros de “auto prohibidos”, además de la prohibición expresa para los canales físicos de la venta directa de un terminal de ONCE directa al comprador, fijando siempre un intermediario personal en los procesos de venta.