En aquel mes, el Ejecutivo esrilanqués anunció que el 80% de los desarraigados tamiles volverían a sus hogares antes de que concluya este año.

Sin embargo, el Gobierno ha facilitado el retorno a unas 27.000 personas desde que concluyeran los combates el pasado mes de mayo, con lo que alrededor de 245.000 civiles tamiles se hallan aún recluidos en campamentos, llamados eufemísticamente "centros de bienestar".

El ministro de Reasentamiento y Servicios de Ayuda para Desastres, Rishard Bathiudeen, ha declarado recientemente que el Ejecutivo devolverá a sólo 100.000 de los 273.000 desplazados originales antes de finales de este año.

Para HRW, esta afirmación rompe una promesa realizada por el Gobierno tanto a los desarraigados como a la comunidad internacional, ya que supone liberar a sólo un 37% de los desplazados.

"Ya basta. Los donantes internacionales de Lanka debe decirle al Gobierno que no aceptarán ninguna promesa más incumplida", señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch.

Esta organización ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de todos los tamiles, aunque las condiciones de seguridad no les permita volver a casa inmediatamente, porque la mayoría de ellos podría vivir con parientes o familias de acogida.

Además, subrayó que la ONU, Estados Unidos, la UE y la India han reclamado al Gobierno de Sri Lanka que libere tan pronto como sea posible a los civiles detenidos en campamentos.