“Es necesario ir más allá porque las continuas y elevadas subidas de los precios están afectando a miles de familias, empresas y autónomos, especialmente a pymes, a los hogares más vulnerables y a las industrias más intensivas, que no pueden asumir las facturas energéticas. Una situación que pone en peligro la recuperación pos-pandemia, debido a la amenaza cada vez más real del precio de la energía en la inflación”, afirmaron desde el sindicato en un comunicado.

En esta coyuntura, el sindicato exigió al Gobierno medidas que permitan al consumidor pagar el precio real de lo que cuesta producir la energía y soluciones “que vayan más allá” del ámbito temporal a un problema estructural como es la pobreza energética.

En este sentido, la primera reclamación de UGT es modificar el sistema de tarifa horaria, “que castiga normalmente al consumidor, ya que se ha estrechado la diferencia entre la hora más cara y la más barata”.

“Con el cambio horario se encarecerán aún más las facturas porque la hora de luz natural se gana en el tramo más barato y se pierde en el más caro, por lo que se consume más energía, y a esto, se une el frio del invierno, que obliga a consumir más luz y calefacción”, explicaron desde UGT.

Asimismo, pidieron modificar la directiva de funcionamiento del mercado eléctrico y revisar el sistema del mercado mayorista, además, de mejorar las interconexiones de materia prima, y planificar el suministro de gas.

El sindicato también pidió al Gobierno acelerar el despliegue de fuentes renovables y mejorar la eficiencia energética. En paralelo, UGT defendió reforzar la directiva europea del Salario Mínimo porque consideran que las tasas de negociación colectiva son “la mejor manera” de obtener salarios “realmente justos que combatan la pobreza energética”.

Por último, UGT aplaudió la prórroga del escudo social dirigido a proteger a los consumidores vulnerables, pero señaló que esta medida debería estar garantizada de forma indefinida y criticó que Bono Social Térmico ofrecer una cantidad “insuficiente” –entre 35 y 124 euros anuales– para los hogares en situación de vulnerabilidad.