Si, tras el primer varapalo del TC al primer estado de alarma, La Moncloa respondió con una declaración institucional de la ministra de Justicia, Pilar Llop, esta vez la respuesta llegó en declaraciones a preguntas de los periodistas y sin salirse del respeto a la decisión judicial.

Fuentes gubernamentales manifestaron a Servimedia que respetan, "como no podía ser de otra forma, la sentencia", pero remarcan que se utilizó "la fórmula constitucional que garantizaba salvar vidas con el menor recorte de derechos".

Así responden a la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional que acordó este miércoles considerar inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno durante seis meses para controlar la pandemia provocada por la Covid-19.

Fuentes de La Moncloa sostienen que la "prioridad del Gobierno en todo momento fue proteger la salud de los españoles con el instrumento que se ha mostrado como el más eficaz para luchar contra la pandemia, el estado de alarma".

Destacan que "hay estudios que hablan de decenas de miles de vidas que se han logrado salvar con las medidas que se adoptaron por el Gobierno y las comunidades autónomas".

También, que "gracias a estas medidas y al esfuerzo de todas las administraciones, hoy España tiene la mayor tasa de vacunación, una de las menores tasas de incidencias y está recuperando empleo a un ritmo sin precedentes".

Ante las críticas de la oposición que asegura que la sentencia del TC avala que no hubo control parlamentario al Gobierno por parte de la oposición, fuentes gubernamentales asegura a Servimedia que "se mantuvo en todo momento el control" y que en ese periodo el Congreso de los Diputados celebró 38 sesiones de control con comparecencias del propio presidente del Gobierno, del ministro de Sanidad y del resto del miembros del Ejecutivo.

Ante la posición que deja la sentencia del TC a la llamada ‘cogobernanza’, en La Moncloa defienden que se apostó por este modelo porque España tiene "un modelo político y de gestión descentralizada, que no podemos obviar" y destacan precisamente que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sanitarias.

Así las cosas, fuentes gubernamentales remarcan que las decisiones para luchar contra la pandemia se tomaron "en todo momento de forma consensuada y coordinada" entre el Estado y las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud, que fue el "órgano central de este sistema de cogobernanza".

En el Gobierno daban por hecho que el Tribunal Constitucional volvería a tener una posición similar a la que expresó en la primera sentencia y mantienen que se hicieron las cosas con “la fórmula constitucional que garantizaba salvar vidas con el menor recorte de derechos”.