Así se recoge en el informe “Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración en España”, realizado en abril de 2011 a partir de estudios previos de ONG y de entrevistas con sindicatos policiales, extranjeros y españoles.

En rueda de prensa, la investigadora de Amnistía Izza Leghtas aseguró que el Sindicato Unificado de Policía y la Unión federal de Policía “nos han transmitido su preocupación en este sentido, pues a su vez ellos han recibido quejas de sus afiliados".

“No tenemos certeza de instrucciones concretas sobre cupos de inmigrantes (como la que suscitó la polémica en 2009), pero sí de que a ciertas comisarías de Madrid se les han asignado cantidades determinadas de detenciones semanales o mensuales para evaluar su calidad", declaró Leghtas.

A su juicio, esto lleva a muchos agentes a centrar las identificaciones en personas con apariencia extranjera, pues “tienen más probabilidad de no tener documentación” y este hecho conlleva la detención.

A ello hay que añadir “las intimidaciones y multas” a personas que de forma pacífica intentan documentar y reportar “estos abusos”, agregó.

El portavoz de Amnistía Miguel Ángel Calderón subrayó que esta organización reconoce el derecho del Estado español a ejercer control sobre la inmigración irregular, pero “esto no debería hacerse a costa de prácticas discriminatorias”, resaltó.

“Emplear criterios raciales y étnicos” para efectuar detenciones y solicitudes de documentación “supone una clara discriminación” según el derecho internacional, destacó Leghtas.

La policía puede proceder a comprobar la identidad de una persona en vías o espacios públicos cuando existe preocupación en torno a la seguridad, como cuando se ha cometido un delito, pero lo que el informe revela es que estos controles a personas extranjeras son habituales sin que exista dicho motivo.

“Parecer asiático, africano o sudamericano no es ningún delito”, sentenció Leghtas, quien agregó que esto afecta a la vida cotidiana de muchas personas, que “tienen la percepción de hallarse en vigilancia continua y sienten limitada su libertad de circulación y su disfrute del espacio público".

Por todo ello, su capacidad de integración se ve limitada y entre el resto de la ciudadanía, que los ve siempre con la policía, aumenta la vinculación entre inmigración y comisión de delitos, destacó la investigadora.

Según subrayó, “la situación de irregularidad en España es una falta admnistrativa, no un delito, y como tal debería perseguirse".

OPORTUNIDAD PARA EL NUEVO GOBIERNO

Calderón resaltó que el mayor problema además es que “el Gobierno niega esta práctica”, por lo que instó al próximo ejecutivo a "admitir la situación, prohibirla de forma explícita y poner en marcha las medidas necesarias”.

“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de que España sea un referente europeo en el tratamiento de la inmigración desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló Leghtas, para quien la situación es similar en otros países de Europa.

Asimismo, Amnistía lamentó que en España no exista un organismo que vele contra la discriminación por motivos raciales, pues a su juicio el Consejo para la Promoción de la igualdad de Trato y No Discriminación no cumple bien dicha función y el Defensor del Pueblo puede saturarse.

“Se necesita un órgano independiente (el anterior forma parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), con capacidad para litigar y con un mandato fuerte", indicó.

Por último, Calderón reclamó mejorar la formación de los agentes de policía para evitar prácticas discriminatorias a la hora de efectuar los controles de identidad.