La asociación que preside Ángeles Domínguez hizo esta propuesta en relación a la polémica por la concesión al juez Javier Gómez Bermúdez, que presidió el juicio del 11-M, de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo.

Este colectivo de afectados por los atentados de Madrid criticó que, entre las razones para premiar a este juez, el Ministerio del Interior destacase el “papel fundamental” que tuvo este magistrado “para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba” durante la vista oral.

Según esta asociación del 11-M, frente a la concesión de este tipo de medallas es necesario aprobar un “código deontológico” para los miembros de la judicatura, ya que esto haría que las víctimas del terrorismo y los ciudadanos en general confiasen más en estos funcionarios.

Por este motivo, la entidad que preside Ángeles Domínguez demanda “que se regule de manera taxativa la prohibición para todos los miembros de la carrera judicial de la realización de cualquier conducta, acción o expresión, o recepción de regalos, premios o prebendas que puedan afectar a la confianza de los españoles en su independencia e imparcialidad”. Esta asociación también pide “que se vigile y sancione con carácter ejemplar el incumplimiento de esta regulación”.