Así lo revela el Gobierno en una respuesta escrita a preguntas de varios diputados del PP sobre el número de denuncias y quejas recibidas durante el actual ejercicio en el Ministerio de Consumo a través de las diferentes administraciones.

Su demanda la realizaron frente a la continua escalada del precio de la luz en el mercado mayorista que ha llegado a superar durante muchos días los 200 euros el megavatio hora y obligando al Gobierno a articular medidas extraordinarias para evitar su traslación directa al recibo de familias y empresas.

Aunque haya caído más cerca el umbral de los 125 euros continúa multiplicando por varias veces una referencia que el pasado año oscilaba entre 30-40 euros y lo hace tras marcar un récord de 288,53 euros el pasado 7 de octubre con varios días por encima de los 200 euros.

La respuesta parlamentaria del Gobierno, fechada el pasado día 5 de octubre, detalla que las 77 consultas o reclamaciones restantes se refieren a la falta del desglose del coste de energía en el nuevo modelo de factura PVPC, están vinculada a la bajada del IVA en la factura, a una falta de lectura del contador, ausencia de emisión de factura o disconformidad con los nuevos precios aplicados.

En relación a la investigación abierta por el organismo presidido por Cani Fernandez, explica que inició el 22 de junio de 2021 una primera fase de petición de información a empresas comercializadoras “con el objeto de evaluar cómo se modificaban los precios de suministro a consumidores finales, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, los contratos contemplaban el traslado en las variaciones de los conceptos regulados”.

En una primera fase y de acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno, el organismo solicitó información a las 25 comercializadoras con mayor cuota de número de suministros, lo que representa una cuota de mercado del 91% del total del número de puntos de suministro en mercado libre en baja tensión y el 84% del total de energía en mercado libre en baja tensión.

En una segunda fase extendió la solicitud a las 19 comercializadoras siguientes con mayor cuota, de forma que podrá tener analizados el 95% de los suministros de mercado libre en baja tensión y el 89% de la energía en mercado libre en baja tensión.

Sin embargo, no ofrece resultados de esas pesquisas porque “no se ha finalizado el ejercicio de supervisión de todas las comercializadoras a las que se les ha solicitado información” y la CNMC considera que debe finalizar la totalidad de las actuaciones practicadas para tener una visión completa.

La actuación del organismo, competente en la supervisión del mercado minorista y que podría incoar, en su caso, procedimientos sancionadores o realizar recomendaciones a las empresas, no incluye actuaciones específicas respecto a los consumidores en situación de vulnerabilidad y que están acogidos al bono social.

La razón es que la fórmula del precio que les resulta de aplicación a las comercializadoras de referencia “es automática, está ligada a la variación del precio mayorista y es idéntica con independencia de la comercializadora de referencia que suministre a este colectivo de consumidores”, aclara el Gobierno.