Lo hicieron en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, encargada de convalidar el Real Decreto Ley 18/2011 aprobado por el Consejo de Ministros y que contiene las medidas para actualizar y prorrogar esos acuerdos, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y la acción social de la ONCE hasta 2021.

Al defender el decreto, el ministro de Trabajo en funciones, Valeriano Gómez, elogió la "valiosa actividad social, económica y empresarial" que desempeña la ONCE y estimó en unos 61 millones de euros el coste de aplicación de las exenciones y bonificaciones previstas.

El portavoz del PP, José Luis Ayllón, avanzó el voto favorable de su grupo para actualizar los acuerdos con "la mayor empleadora" de personas con discapacidad en España, y también la socialista Isabel López Chamosa explicó que "lo razonable" sería aplicar a la ONCE lo mismo que a los centros especiales de empleo. Eso no puede ser porque esos centros son autonómicos, pero el objetivo es, en su opinión, buscar fórmulas que puedan "corregir" esa imposibilidad.

Las únicas reservas al decreto procedieron del portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que anunció su abstención por la "falta de correspondencia" de la ONCE con el esfuerzo presupuestario del Estado, ya que en los últimos cinco años "ha reducido la plantilla" y pretende fusionar oficinas. Hay que condicionar las exenciones, concluyó, a que cese su "política de despidos".

Esas reticencias no fueron respaldadas por ningún otro portavoz. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, respaldó el decreto y también el del PNV, Emilio Olabarría, subrayó que la ONCE es la organización que con mayor intensidad trabaja en la integración de las personas con discapacidad.

En nombre de CiU, Jordi Jané expresó también su respaldo al decreto y aseguró que su grupo no comparte los "reparos" a la actualización de esos acuerdos.