“Quiero hacer una declaración muy sencilla de mi inocencia”, afirmó el presidente del Parlamento regional, en la convocatoria a la prensa en la sede del PP e Valladolid, en la que recalcó que es “falso” que haya cobrado una cantidad por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, como señala la información del diario "El País", en la que se informa, además, que el Tribunal Supremo ha recibido un informe policial de 22 folios en el que se vincula las siglas “T.O” con el apelativo “Toti” con el que es conocido.

Fernández Santiago remarcó que es una “persona normal” y que no ha cobrado “por ninguna otra circunstancia acaecida” a lo largo de su carrera política y destacó que “todas las declaraciones de bienes están registradas en el Parlamento así como las de Hacienda, que muestran cual es la verdadera naturaleza y la legitimidad de mis ingresos, los que tengo, que no son otros”.

En este sentido, expresó su “indefensión” dado que le citan en un informe policial al que ha tenido acceso un diario, cuando pertenece al secreto del sumario, sin que esté imputado, ni en causa alguna, ni se puede personar por no tener acceso a esa información. “Pienso que las acusaciones que se vierten sobre mi persona tienen como única finalidad trasladar la mancha o la sospecha de corrupción a toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, aseveró.

Tras reiterar en varias ocasiones que no tiene acceso a “casi ninguna información” y que siente una “enorme tristeza porque “jamás, jamás he cogido cantidad alguna o comisión alguna por algún acto ilícito”, aseguró que si consideran desde el partido que la situación puede dañar a la institución o a la formación pondría su cargo a disposición. “No ha hecho falta” poner el cargo a disposición del partido y del grupo, precisó.

Respecto de si presentaría su dimisión en caso de ser imputado, manifestó que no sabe si “esa cuestión se producirá”, pero reiteró que si viera que se daña a la institución o al partido pondría su cargo a disposición antes de llegar a esa situación. “Lo que sucede es que en este momento no se ha llegado ni siquiera a ese punto”, añadió.

Fernández Santiago explicó que ha pedido a un experto judicial que estudie la situación en la que se encuentra y añadió que se reserva la posible presentación de acciones judicial en defensa de su honorabilidad por haberle vinculado con el presunto cobro de una comisión por la adjudicación de la variante de Olleros a la empresa Teconsa.

Por otro lado, manifestó que ha tenido una “conversación fluida” con el presidente de la Junta y del PP autonómico, Juan Vicente Herrera, del que afirmó que ha recibido el apoyo, así como de dirigentes de la ejecutiva nacional con los que ha hablado esta mañana en Madrid. En esa reunión, se habló de la “indefensión absoluta” en la que se encuentra, explicó.

Respecto de la relación por la policía de las siglas “T.O”, a quien se pagó presuntamente una comisión de 39.000 euros, con “Toti”, el apelativo con el que se le conoce, señaló que “no son suficientes en España para imputar a nadie”. “No tengo noticia de nada más”, insistió. “Porque no tengo el informe policial y no sé hasta dónde llegan esas insinuaciones”, añadió.

Fernández Santiago recordó que el informe policial llegó en abril al juzgado y desde ese momento ningún juez ha tomado ninguna decisión, “es una situación, cuando menos, muy curiosa, de indefensión, por una parte, y de que ese informe judicial no ha llevado a los jueces y fiscales a ninguna decisión en el ámbito policial”.

También manifestó que “no es verdad” que se remitiera un fax comunicándola adjudicación de la variante a la sede de Correa, en la calle de Serrano de Madrid, en vez de a la empresa Teconsa, en León. “La notificación es a la empresa adjudicataria, como es habitual”, señaló.