En un comunicado hecho público hoy, Anticorrupción señala que es su deber informar a la opinión pública debido a las “declaraciones incorrectas” aparecidas últimamente y para defender que siempre actuó bajo “el más estricto respeto de la legalidad”.

En este sentido, asegura que los fiscales encargados del caso han instado en sucesivos escritos a que “se excluyeran del procedimiento cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa”.

Explica que las pocas consersaciones entre abogados e imputados que se mantuvieron en la causa se justifican porque estaban relacionadas “con la comisión u ocultamiento de delitos” y eran imprescidibles “para avanzar en la investigación”.

“El fiscal veló, en los términos que le corresponden, para que no quedara en la causa rastro alguno de lo que pudiera perturbar el derecho de defensa”, asegura la nota.

Por otro lado, la Fiscalía sostiene que “no es tolerable afirmar” que Anticorrupción haya pedido que se quitasen del sumario determinadas comucaciones para perjudicar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

“La frase que se publica ha sido sacada del contexto de un total de 11 folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado en algunas informaciones”, señala por último la Fiscalía, que anuncia que estas cuestiones se dirimirán en los tribunales.