Según informó hoy la Fadsp, a su parecer, la garantía de la prestación del aborto por la sanidad pública no está suficientemente establecida, por lo que debería fijarse "de una manera mas clara", para lo que es preciso regular la objeción de conciencia de los profesionales y crear un registro público de objetores.

Del mismo modo, Sanidad Pública cree que la nueva ley del aborto tendría que regular las condiciones de acceso a los centros donde se realicen interrupciones voluntarias de embarazos.

En cualquier caso, la Fadsp considera "un avance significativo" el proyecto de ley del aborto presentado por el Gobierno y confía en que el trámite parlamentario lo mejore.