Así lo indicó el sindicato en un comunicado tras conocerse esta mañana los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2021, resaltando que en el último año se han realizado 169.700 contratos temporales, como consecuencia de los refuerzos para afrontar la epidemia del Covid-19, fundamentalmente en la Sanidad y la Educación. De esta manera, CSIF apuntó que la tasa de temporalidad en la administración se sitúa en el 31,6%, frente al 21,9% general.

Además, resaltó que el 67% de estos contratos temporales corresponden a mujeres, “lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid”.

“Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal”, señaló CSFI, que reclamó “que se acelere la tramitación urgente de la Ley para reducir la temporalidad, actualmente en el Congreso de los Diputados, pendiente de debate y votación”.

“No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”, concluyó el sindicato en su comunicado.