Así se manifiesto en el informe balance de la Asesoría Jurídica y Defensa Legal para el año 2022 elaborado por la asesoría jurídica del Cermi junto con la Delegación de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, un servicio de orientación jurídica y defensa legal abierto a las personas con discapacidad y/o sus familias y entidades que demandan este apoyo.

El objetivo de este documento es mostrar un balance de la situación actual y proporcionar un mejor marco de promoción de los derechos de personas con discapacidad. “Así como empoderar a estos hombres y mujeres, y erradicar cualquier discriminación por razón de discapacidad, desde el Estado de derecho”, señala el Cermi.

Respecto al análisis del año anterior, destaca el cambio significativo que ha habido en las consultas relacionadas con educación donde se ha producido un aumento de un 2,3% respecto del 2021.

En relación con el sexo de las personas consultantes, una vez más, son los hombres quienes más acuden a buscar orientación a este servicio. No obstante, durante este 2022 se ha vuelto a observar un aumento significativo (7%) en el porcentaje de consultas realizadas por las mujeres respecto del año anterior.

También incluye información sobre la distribución territorial de las consultas formuladas. En este sentido, advierte que “la Comunidad de Madrid, como en años anteriores, destaca significativamente sobre el resto de comunidades y ciudades autónomas en número de consultas efectuadas”. Aun así, sigue habiendo un alto número de consultas en las que no se especifica el territorio.

En cuanto a las materias legales sobre las que se basan las consultas, los datos muestran que la mayoría son temas relacionados con el ámbito laboral y de la Seguridad Social, donde desde Cermi advierten que “se sigue manteniendo el aumento en las consultas sobre asuntos administrativos”.

El informe hace alusión a los artículos de la convención que se ven más vulnerados en las consultas recibidas durante este año, siendo el artículo 28 (nivel de vida adecuado y protección social) el que continúa ocupando el primer lugar, seguido del artículo 5 (igualdad y no discriminación).

El documento muestra un resumen de las principales conclusiones del informe de consultas jurídicas destacando que “las personas con discapacidad física siguen siendo el grupo con mayor prevalencia en el uso de este servicio”.