Los representantes de estos sindicatos explicaron en una rueda de prensa, en la que no estuvieron presentes representantes de los agentes de movilidad, Samur y bomberos, que la Delegación del Gobierno no les ha autorizado ninguno de los dos recorridos solicitados (de Callao a Cibeles y de Atocha a Cibeles), por lo que han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y están a la espera de respuesta.

El secretario general de UPM (Unión de Policía Municipal), Javier Payar, señaló que la movilización del próximo lunes será una manifestación o una concentración, "depende de lo que nos autoricen", y no descartó la realización de "otras acciones en el trabajo" para protestar contra las condiciones laborales que, según estos sindicatos, quiere imponerles el Ayuntamiento.

Los responsables sindicales rechazaron las declaraciones vertidas por responsables del Área de Movilidad del Consistorio y les acusaron de "intentar crear una imagen distorsionada de la realidad del Cuerpo de la Policía Municipal, su funcionamiento y las reivindicaciones de sus trabajadores".

"Ningún sindicato ha pedido un aumento salarial, sino que nos mantengan las condiciones de trabajo que unilateralmente quieren variarnos", aseguró Francisco Torres, del CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal), quien acusó al Consistorio de querer suplir la carencia de plantilla que hay en el cuerpo modificando la jornada y los turnos.

Los representantes de los sindicatos negaron que los policías municipales cobren más que los nacionales, y dijeron que un policía municipal de nuevo ingreso gana netos 1.668 euros. Instaron al coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Mora, a que diga lo que cobra él.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

Para estos sindicatos, los incumplimientos electorales de oferta de empleo público de 1.500 policías y la asunción de nuevas competencias han llevado al equipo de Gobierno municipal a querer suplir el déficit de plantilla con una modificación de jornadas y horarios que han sido eficaces durante más de 25 años.

A su juicio, la mala gestión del Gobierno de Gallardón se traduce en "el desorbitado gasto en horas extraordinarias, con más de 54 millones de euros desde 2004, junto con el dispendio económico de alquiler de edificios (400.000 euros mensuales cuesta la Jefatura Superior de Policía de Madrid); contrato de alquiler del vehículo de lujo del alcalde (591.624 euros), y nombramiento de altos cargos de libre designación, pasando de 433 en 2002 a 1.336 en 2008, (...), y 103 altos cargos que se subieron el sueldo un 11,7% en plena crisis económica".

Pese a todo, los representantes de la Policía Municipal mostraron su "disposición permanente al diálogo" y a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Indicaron que la última reunión con el Consistorio tuvo lugar el pasado día 15, sin que se produjera ningún avance, y que están a la espera de que les convoquen de nuevo.