En el marco del ciclo de conferencias organizado esta semana en Sevilla por la European Security Transport Association (Asociación Europea de Empresas de Gestión de Efectivo), la Plataforma Denaria –asociación por la defensa del efectivo y la libertad de elección de pago- manifestó la importancia de que España adopte una clara postura de defensa del efectivo alineada con la de otros países miembros de la Unión Europea.

Entre ellos, Francia es el país que defiende con mayor contundencia la utilización del efectivo, para lo que ha adoptado garantías de protección legal. Según los expertos de la asociación, “España podría adoptar algunas de sus disposiciones, como las referentes a la protección del uso del efectivo en las transacciones comerciales”. Incluso Suecia, bastión de una sociedad ‘cashless’, ha tomado medidas: los partidos políticos suecos apoyaron nuevas legislaciones que exigían a los bancos seguir ofreciendo servicios de efectivo en todo el país.

También el actual Gobierno italiano frenó el controvertido ‘Plan Cashback’ -que pretendía fomentar entre los ciudadanos el pago con tarjeta mediante el reembolso de sus compras- por su carácter regresivo especialmente entre algunas clases sociales.

Por su parte, Reino Unido sigue avanzando en su regulación para garantizar el acceso a este método de pago y asegurar que la infraestructura para el dinero en efectivo sea sostenible a largo plazo. En EEUU destacan algunas iniciativas legales que prohíben la no aceptación del ‘cash’ en establecimientos de algunas ciudades, como Washington DC o Nueva York, entre otras.

La defensa del efectivo está respaldada por la opinión popular, ya que, tal y como se desprende de la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’, encargada por la Plataforma Denaria a GAD3, el 71% de los españoles vería con buenos ojos que el Gobierno de España mantuviera una postura de defensa del uso del efectivo ante la UE.

Según datos del mismo estudio, 9 de cada 10 españoles están a favor de la permanencia del dinero en metálico y se muestran contrarios a su desaparición a favor de otros métodos de pago. Hasta un 88% de la población considera que debe garantizarse a los consumidores el pago en efectivo, y es que para más del 70% de los españoles (el 72%) el efectivo es necesario en nuestra sociedad y un 77% lo califica incluso de ‘bien público’.