Los neuropsiquiatras argumentan que el tratamiento forzoso de pacientes mentales ambulatorios graves supondría "un retroceso legal" y, por tanto, una "restricción de derechos" para los enfermos.

Además, aseguran que legislar a favor de que un juez pueda obligar a un enfermo a someterse a un tratamiento perjudicaría las líneas de actuación basadas en el Tratamiento Asertivo Comunitario, por el que ellos apuestan.

Por otra parte, indican que los análisis de las experiencias con tratamiento ambulatorio involuntario

llevadas a cabo en varias partes del mundo demuestran que esta vía no constituye una alternativa a la atención estándar.

Así, prosiguen, la Revisión Cochrane (2006) sobre el Tratamiento Obligatorio en la Comunidad (por orden judicial) y el Tratamiento Ambulatorio no Voluntario para personas con trastornos mentales graves indica que "no se han encontrado pruebas que sugieran que el tratamiento obligatorio en la comunidad puede constituir una alternativa a la atención estándar".

Para la Asociación Española de Neuropsiquiatría, "lo realmente relevante y necesario" es la provisión de unos servicios integrales adecuados y suficientes para garantizar la atención individualizada de las personas con trastornos mentales graves.