Porque, argumentó el sindicato, el aumento del paro y la precariedad laboral de las personas con discapacidad requieren de "nuevas y más amplias medidas" de fomento del empleo.

Y el desarrollo de estas medidas ha de encuadrarse, a juicio de CCOO, en las negociaciones de los agentes sociales con el Gobierno, ya que así se garantizaría el seguimiento y control de su cumplimiento, lo que sería "la mejor garantía para las personas con discapacidad".

Por otra parte, la organización sindical entiende que "una condición decisiva" para avanzar en el empleo es conseguir la plena integración a lo largo de todo el proceso educativo.

"El deterioro del sistema público educativo que empieza a ser una realidad en diversas comunidades autónomas, que se está concretando especialmente en la reducción del profesorado y programas y medidas compensatorios, va a dificultar las medidas efectivas de apoyo a esa integración normalizada de los niños y jóvenes con discapacidad", vaticina Comisiones.

Además, prosigue, los recortes en políticas sociales que se están sucediendo o anunciando en la mayor parte de las CCAA "pueden frenar o paralizar los programas de accesibilidad que estaban permitiendo paulatinamente la normalización de las condiciones de vida y trabajo de las personas con discapacidad".

Esa política de recortes, advierte el sindicato, puede tener igualmente consecuencias "muy negativas" en las actuaciones de los servicios autonómicos de salud "en ámbitos que ya de por sí están muy descuidados", como la atención a la salud mental, la investigación y tratamientos de las llamadas enfermedades raras.

Por todo esto, CCOO pide al Gobierno que presidirá Mariano Rajoy un cambio en las políticas económicas y sociales y que, "dejando a un lado los gestos y las declaraciones de apoyo genérico a las personas con discapacidad, se adopten compromisos claros y concretos para impulsar su empleo y su plena normalización en la vida social".