Según los datos oficiales consultados por Servimedia, la Consejería que dirige Javier Balza ha destinado en 2007 unos 60 millones de euros a costear la contratación de escoltas privados, mientras que otros 9,5 millones de euros se han destinado a pagar a los ertzainas fuera de servicio a los que se recurre para llevar a cabo labores de protección.

Por su parte, el Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, ha empleado este año más de 99,28 millones de euros para garantizar la seguridad de las instituciones y de los cargos institucionales en la Comunidad Vasca y Navarra.

Los servicios de escoltas se generalizaron en ambas comunidades autónomas a partir de 1997 con motivo del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, que fue secuestrado y asesinado por un comando de ETA que lideraba el terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote".

Tras este crimen y la campaña de atentados contra otros ediles emprendida por la banda criminal, las administraciones vasca y central asignaron guardaespaldas a colectivos tan diversos como jueces, profesores de Universidad, periodistas o sacerdotes, además de a políticos.

A este respecto, la ruptura de la tregua por parte de ETA en junio pasado ha supuesto la prolongación indefinida de estos servicios de protección personal, que en la actualidad realizan escoltas privados, policías nacionales, guardias civiles y ertzainas.

Precisamente un escolta privado, Gabriel Giner, fue objeto de un atentado el pasado 9 de octubre. En concreto, este vigilante privado resultó herido grave al hacer explosión la bomba-lapa que los etarras habían colocado bajo su vehículo.