Desde el partido de Pablo Casado se denuncia que el Gobierno no haya prestado conformidad a la tramitación de esta iniciativa en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución, y que así se lo haya comunicado al Congreso a través de un escrito rubricado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

El principal partido de la oposición recalca que su proposición de ley suponía implementar medidas para lograr “la disminución inmediata de un 20 por ciento anual en el precio de la luz a todos los consumidores, lo que supondría una rebaja de 9.000 millones al año y sacaría de la factura eléctrica los costes no energéticos”.

El Grupo Parlamentario Popular arguye que “la razón principal del Ejecutivo para no prestar su conformidad ni siquiera al debate en la Cámara Baja de la iniciativa del PP, que aliviaría a familias y emprendedores del desorbitado precio de la luz que se está produciendo con el Gobierno, es que la misma rebajaría la recaudación vía factura y no está dispuesto a ello”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes señala en su misiva a la presidenta de la Cámara que se considera que “la aprobación de la proposición de ley de referencia es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor tanto un incremento de los créditos presupuestarios como una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución”.

Previamente, en su escrito, el Ejecutivo indicaba que los “extracostes presupuestarios derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares pasarían de financiarse del 50% al 100%, con cargo a los PGE”, con lo que la partida de 490 millones presupuestada pasaría a 980 millones.

En cuanto a la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento del IVA de forma permanente y para todos los suministros, el Gobierno dice que requeriría una nueva comunicación al denominado Comité del IVA, y que el impacto presupuestario de tal medida sería de 1.780 millones de euros anuales, de los que el 49% afectaría a los Presupuestos estatales, al estar cedido el resto del rendimiento a las comunidades autónomas y entidades locales.