Estos colectivos emitieron un comunicado en el que aseveraron que el auto de la jueza “no tiene parangón en su desprecio al medio rural y a los principios constitucionales más básicos, principalmente el de la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”.

A su vez, manifestaron su “absoluto apoyo” a la madre del menor, que reside en la zona de Muros-Noia (La Coruña), y reclamaron la “actuación urgente” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la “revisión inmediata” de una sentencia que, bajo su punto de vista, “no está ajustada a derecho”.

Deploraron que la jueza haya argumentado que la localidad donde residen el pequeño y su madre está “lejos de todo” y en ella “no hay opciones laborales”, mientras que Marbella ofrece “múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz” con “todo tipo de colegios […] públicos o privados”.

Ante esta situación, acusaron a la magistrada de mostrar una “profunda incultura y desprecio por lo rural” y propugnaron que “el auto debe ser considerado como inconstitucional al no respetar los más básicos principios de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas”.

Elevaron el tono para argüir que, “por esta regla de tres, ningún agricultor o ganadera tendría derecho a criar a sus hijos en su pueblo, en su hogar”.

Por último, recomendaron a la jueza María Belén Ureña Carazo que “pase una temporada en lo que ella llama la ‘Galicia profunda’ para que comprenda los numerosos elementos positivos que un pueblo tiene en el desarrollo de un niño”.

De este modo, concluyeron, “sus autos se liberarán de estos prejuicios antirrurales, y podrá desempeñar su función sin incurrir en patinazos tan graves como éste”.