Según informó hoy la Asociación El Defensor del Paciente, el hombre, de 48 años, había sido diagnosticado de obesidad mórbida y fue sometido a un "bypass" gástrico el 26 de abril de 2004 en la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, en las horas posteriores a la intervención sufrió una salida de contenido hemático y taquicardia, por lo que se decidió operarle de nuevo.

Durante la inducción anestésica de esta segunda intervención, el paciente presentó parada cardiaca por hipoxia de 10 minutos de duración, a consecuencia de lo cual acusó importantes signos de sufrimiento cerebral que le ocasionaron una discapacidad del 68%.

La sentencia considera probado que existió una impericia en el arte de intubar por parte de los facultativos actuantes y tacha el consentimiento informado firmado por el paciente de genérico, al no aludir a ningún riesgo personalizado, sobre todo teniendo en cuenta que existían serias dificultades anestésicas.

Todo ello, según el fallo judicial, confirma la existencia de una clara relación causal entre la hipoxia sufrida por el enfermo y los daños cerebrales producidos al mismo.

Sin embargo, el paciente considera que la indemnización concedida no cubre la totalidad de los daños ocasionados, ya que se encuentra afectado de pérdida de agudeza visual, manos en garra, dificultad para la movilidad e incapacidad laboral para su profesión habitual, así como de importantes padecimientos morales producidos tanto a él como a sus familiares. Por ello, está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.