El escrito del Gobierno reconoce que la población reclusa española "presenta unos niveles e salud que son peores que los de la población general", pero puntualiza que son "coherentes con sus características socio-sanitarias previas".

El Ejecutivo defiende la labor de los médicos que trabajan en centros penitenciarios frente a las observaciones del diputado que se interesó por esta cuestión, y detalla algunas de las acciones encaminadas a reducir estos niveles de enfermedad y toxicomanía.

Así, anuncia la ampliación a más prisiones de los programas de intercambio de jeringuillas y la cotinuación de los de mantenimiento con metadona.

Asimismo, explica que se ha elaborado un nuevo programa de prevención y control de la tuberculosis, "toda vez que esta enfermedad, por su incidencia y su capacidad de transmisión en cualquier medio cerrado, constituye una de las mayores preocupaciones de los responsables sanitarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del personal sanitario de la Institución y su conjunto".

El Ejecutivo expone además los programas de colaboració en este terreno con el Insalud y con los servicios transferidos, si bien precisa que la intención final es "sentar las bases que permitan una integración efectiva de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud".