Tanto el portavoz de CiU, Carles Campuzano, como el de Coalición Canaria, Luis Mardones, argumentaron contra estas inciativas y dejaron pendiente su posicionamiento definitivo sobre el real decreto, que debeá ser convalidado por el Congreso el próximo jueves.

Campuzano aprovechó su turno de intervención para responder a los socialistas, que han advertido a CiU de la "cobardía" que supondría abstenerse en la votación del decreto. "No es cobardía, sino responsabilidad. Lo demostramos con los gobiernos del PSOE y lo demostramos ahora", replicó.

Pese a estar de acuerdo con que el debate fundamental sobre este asunto tendrá lugar el próximo jueves, el portavoz del PNV, Iñaki Txueka, anunció desde su escao el voto favorable de su grupo a las dos proposiciones por coincidir con los argumentos de la oposición.

LAS INICIATIVAS

Las dos proposiciones no de ley pedían la derogación del decreto. La presentada por los socialistas instaba además al Gobierno a reanudar las negociaciones con los agentes sociales y evitar con ello el deterioro de las relaciones sociolaborales, la ruptura del diálogo social y la huelga del próximo 20 de junio.

Los socialistas querían también que el Ejecutivo remitiera al Cogreso una comunicación con la memoria económica que justifica la reforma, así como la evaluación de las políticas de empleo y las hipótesis de impacto que tendrán las medidas en el mercado laboral y en sus principales anomalías.

Otro de los puntos era la solicitud al Consejo Económico y Social de un informe previo sobre sus propuestas para, a la vista de sus conclusiones, presentar una reforma global de la Ley Básica de Empleo buscando el máximo consenso de los grupos parlamentarios.

En caso de qe la huelga se produzca, los socialistas instaban al Gobierno a establecer las medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional de secundar el paro y asegurar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Finalmente, los socialistas exhortaban al Gobierno, sobre todo a su presidente, "a respetar la dignidad institucional de su función, y evitar las descalificaciones e insultos", así como "cualquier confusión entre sus intereses políticos partidistas y los intereses superiores de spaña, a los que todos, Gobierno, oposición democrática, sindicatos y empresarios debemos servir".

EL DEBATE

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, tachó de "mentira" todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno para defender este decreto, y acusó al Gobierno de "insultar a la dignidad" de los trabajadores con algunos de ellos.

En un momento de su intervención, Jáuregui recuperó la expresión de "perversión moral" con la que el presidente del Gobierno se refirió a los obipos que cuestionaron la idoneidad de ilegalizar Batasuna. "Pensar así de los parados sí que es perversión moral", sentenció.

El portavoz socialista echó mano también de las críticas lanzadas ya desde su Grupo hacia el talante del Ejecutivo en este asunto, y consideró que, sólo por "su comportamiento autoritario y su espíritu vengativo, merecen perder este pulso".

También el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, denunció desde la tribuna "el rosario de amenazas y chulerías" lanzadas por el Ejecutvo "para hacer creer a la opinión pública que la huelga está injustificada".

En nombre del Grupo Popular, José Eugenio Azpiroz negó que el Gobierno haya reducido los derechos de los trabajadores y acusó reiteradamente a los socialistas de haberlo hecho con su reforma de 1992.

Igual que antes había hecho Jáuregui con dirigentes del PP, Azpiroz recuperó declaraciones de los socialistas para argumentar lo que consideró una postura contradictoria. Además, le dijo a Rodríguez Zapatero, es cierto que Anar quiera ganar el partido, "pero el del pleno empleo".