Según elúltimo informe de Coyuntura Económica del IEE, presentado hoy en rueda de prensa por su presidente, Arturo Gil, y director, Juan Iranzo, estos cálculos se han hecho bajo supuestos muy conservadores de que al menos se puede recuperar en los días siguientes a la huelga la mitad del producto no efectuado el 20-J, de un seguimiento del paro del orden del 30% y suponiendo una generación de producto lineal en los 365 días del año.

Los responsables del IEE, que calificaron de "desmedida", "inoportuna" e "injstificada" la huelga general, al coste anterior habría que añadir la pérdida de ingresos recaudatorios para el Estado y la Seguridad Social, el impacto sobre la demanda agregada derivado de los salarios no cobrados por el día del paro y, en su caso, los mayores costes salariales.

A juicio de Iranzo, no hay ninguna razón desde el punto de vista técnico para la convocatoria de una huelga general, ya que la reforma del desempleo no incluye recorte alguno, favorece el empleo y busca una mejor asignación d recursos, desincentivando a la persona que lleva mucho tiempo en paro y que no tiene una actitud positiva de búsqueda de empleo.

Para el IEE, si la reforma es criticable, lo es por no haberse aplicado antes y por no haber sido más profunda. Gil, que cree que la huelga es "realmente desproporcionada", considera que el decreto-ley es "tímido", por lo que, en su opinión y en la del IEE, hay que seguir profundizando en la reforma con medidas "más agresivas" a la hora de incentivar la búsqueda de empleo. Según Gil, la reforma del PER era "absolutamente imprescindible", y la eliminación de los salarios de tramitación (los salarios desde que el trabajador es despedido hasta que el juez decide que el despido es improcedente) no lesionará gravemente a los trabajadores. Como aspectos positivos de la reforma, también destacó la extensión del seguro del desempleo a los trabajadores autónomos y a todos los eventuales agrarios.

El IEE considera que hay que seguir reformando el mercado de trabajo, con reforas que deben ir encaminadas a mejorar los sistemas de intermediación en la búsqueda de empleo, potenciar la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores e incrementar su cualificación.