El manifiesto llama la atención sobre el "peligro" o "riesgo" de retroceso de las "aún precarias" conquistas sociales y de derechos obtenidas “gracias a la lucha del movimiento social de la discapacidad”. Por ello, el Cermi sostiene que “estos avances deben ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recortes.

En cuanto a los recortes sociales en el ámbito de la discapacidad, recuerda cómo éstos "debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias".

Además, el Cermi advierte de que la superación de la actual crisis económica y de empleo que sufren las personas con discapacidad y sus familias "no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social".

Por otra parte, pide un compromiso "firme" por parte del nuevo Gobierno con respecto a los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y de sus familias, mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política.

El manifiesto del Cermi también hace referencia a la lucha por una "auténtica" autonomía personal de las personas con discapacidad, para lo que solicita un impulso político y presupuestario “decidido” para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta.

También indica que la forma de abordar la discapacidad es el enfoque de los derechos sociales, que tiene su plasmación política y jurídica en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por ello, pide una "permanencia" de esta visión, desde las legislaciones, políticas y acción pública hacia las personas con discapacidad, y afirma que en la próxima legislatura "habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a la Convención".

Por otra parte, hace alusión a la movilización cívica para impedir y contrarrestar la adopción de medidas que vayan en contra de la inclusión y la protección social de los grupos ciudadanos más vulnerables.

Asimismo, reclama que los poderes públicos y los gobiernos cuenten "activamente" con los movimientos sociales en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis.