Varios de los familiares de las víctimas de la catástrofe aérea, representados por los abogados Ángel Gómez San José y Eduard Vendrell, han hecho esta solicitud a través de dos escritos presentados esta semana ante el juzgado de Grande-Marlaska. Los escritos solicitan que “se tenga por finalizada la fase de instrucción, estimando la concurrencia de indicios relevantes de criminalidad en los imputados”.

Los abogados de los familiares subrayan “la absoluta desidia, ceguera o complicidad” por parte de los responsables militares “a la hora de efectuar los controles a los aviones comerciales” en los que se trasladaba a las tropas, principalmente aeronaves de países exsoviéticos que evidenciaban “fallos de seguridad, mal funcionamiento, y mal mantenimiento”.

SEIS IMPUTADOS

El magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado en la causa al exjefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

Dentro de la División de Operaciones del Emacon, el juez también imputó en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, al coronel Joaquín Yáñez y al comandante Alfonso Elías Lorenzo.

Por último, Grande-Marlaska imputó el pasado mes de abril al militar Abraham Ruiz López, quien entre los años 2002 y 2003 fue el enlace de la División de Planes del Emacon (el Estado Mayor Conjunto de la Defensa) ante la Namsa, la agencia de la OTAN que subcontrató para España el Yak -42.

El magistrado acusa a estos seis mandos militares de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del avión.

“No se trató de un suceso fortuito o imposible de predecir, los responsables conocían las condiciones de los aviones contratados, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el resultado”, señala uno de los escritos de los familiares.

Los escritos piden que se decrete auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento-, ya que el delito de homicidio imprudente está castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

COMISIONES ROGATORIAS

Los familiares han realizado esta petición en respuesta de la providencia dictada por Grande-Marlaska el pasado 8 de noviembre de 2011, por la que dio traslado a las partes para que señalasen si consideran necesario esperar al cumplimiento de las comisiones rogatorias enviadas a varios países, y que no han sido contestadas.

Los representantes de varios de los familiares han señalaron que, a la luz de las pruebas acumuladas en la investigación, no es necesario esperar al cumplimiento de las comisiones rogatorias pendientes.

Grande-Marlaska cursó un total de 15 comisiones rogatorias, varias de las cuales no han sido contestadas. El juez remitió diligencias a Estados Unidos, Kuwait, Líbano, Egipto, Noruega, Luxemburgo, Canadá, Ucrania, Bélgica, Alemania, Irlanda, Turquía, Djibouti, Turkemenistán, Afganistán y Kirguizistán.

La Audiencia Nacional celebró, entre marzo y abril de 2009, un juicio contra tres militares por los errores en la identificación de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42. Este órgano jurídico condenó finalmente a tres años de cárcel al general de Sanidad Vicente Navarro e impuso sendas penas de un año y medio de prisión para sus dos sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, en una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Además, se han celebrado dos juicios por la vía civil -en enero de 2005 y febrero 2010- contra las compañías aéreas, ambos con condena firme.