La marcha, que partió sobre las 12.00 horas del mediodía de la plaza de Atocha, estuvo encabezada por una pancarta en la que se leía “¡Paremos la Ley de Extranjería!”, aunque uno de los gritos que más repitieron los participantes reclamaba “la Ley de Extranjería para la Monarquía”.

Los manifestantes, unos 2.000 según la organización, también repitieron constantemente uno de los lemas más frecuentes en defensa de los inmigrantes, que dice que “ningún ser humano es ilegal”, y añadían que “lo único ilegal es la patronal”.

Asimismo, los asistentes portaron distintas pancartas en las que se podía leer: “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”, “Euro-apartheid, racista es tu ley”, “No a los euroguantánamos” o “Papeles para todos, derechos para todos”.

Entre los asistentes estuvo el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien denunció, en declaraciones a los medios de comunicación, que el proyecto de reforma de la Ley es “involutivo” ya que “endurece las condiciones de la propia ley de extranjería, que ya era dura en sí misma”.

En este sentido, criticó que la reforma se haya aprobado con el apoyo de CiU “a cambio de más competencias para Cataluña”. También lamenta el “recorte importante del dinero que los presupuestos destinan a inmigración”.

Por otro lado, afirmó que la ley criminaliza a los que no son criminales”, en referencia a los inmigrantes, y añadió que son enviados a centros de internamiento “que es una especia de limbo de presión”.

En el manifiesto que posteriormente leyó la actriz Pilar Bardem, los organizadores denuncian que la reforma lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona” y está “muy alejado de la situación real de la inmigración en el país”.

“La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español”, añade el texto.

Además, los organizadores condenan la “utilización” de la crisis económica como “justificación para aprobar una ley populista que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio”.

Por estas razones, exigen la retirada del actual proyecto de reforma e instan al Gobierno a que adopte una política que “restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español”.

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados debatirá el próximo 20 de octubre las enmiendas presentadas al texto, que pasará posteriormente al Pleno para su aprobación.