El Supremo remitió esta jornada un escrito a Batet, después de que ésta le pidiera este jueves una aclaración sobre si la condena a un mes y 15 días de prisión al diputado de Podemos conllevaba su expulsión como diputado, puesto que ya había abonado la multa que se le fijo como sustitutiva de la pena de cárcel.

A este respecto, el Alto Tribunal explica que ya contestó a la defensa del parlamentario condenado sobre esta duda de la inhabilitación, de forma que se trasladó que debe cumplirse lo establecido en la resolución judicial.

El Supremo dice a Batet que en esta respuesta a la defensa del diputado Rodríguez ya descartó “cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pues esta pena accesoria es obligada a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2 del Código Penal”.

“SENTENCIA YA FIRME”

“Así lo exige este precepto (del Código Penal)”, se afirma, “cuando se imponga una pena privativa de libertad, como ha sucedido en el presente caso. La pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución -y sólo a estos exclusivos efectos- se haya acordado su sustitución por una pena de multa”.

Al mismo tiempo, se indica a la presidenta del Congreso que entre las “funciones” del Supremo no está “asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”.

Batet remitió esta comunicación al Alto Tribunal este jueves, después de que PSOE y Podemos cuestionaran en una reunión de la Mesa de la Cámara Baja que lo que dijera la sentencia contra el diputado Rodríguez es que debía dejar su escaño. Esta postura fue rechazada por PP, Vox y Ciudadanos, que defendieron que la resolución contra el condenado era clara y debía conllevar la pérdida de su acta.