“El Gobierno que venga debe entender que la Justicia es rentable, que no es un gasto, es una inversión”, dijo esta mañana Sieira en un desayuno informativo organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al que asistió la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo.

El presidente de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal aseguró que “invertir en Justicia es bueno para el Estado, todavía más en un contexto de crisis” y puso como ejemplo de modelo eficaz la creación de los gabinetes técnicos que se han implantando en el Tribunal Supremo.

Subrayó en este sentido que el Gobierno del PSOE aprobó un plan que significó una mayor inversión en medios materiales y personales en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por el que se han nombrado a 19 nuevos magistrados para el tribunal y se ha reforzado el gabinete con 25 nuevos letrados.

Este plan ha provocado que en la actualidad la Sala de lo Contencioso-Administrativo tengan cerca de 8.700 asuntos pendientes de sentencia, cuando en 2005 había en torno a 11.000.

NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

Sieira anunció que tienen la intención de plantear al nuevo Ministro de Justicia la necesidad de que estos medios personales se mantengan. Dijo en este sentido que “No hay que dar más medios”, sino “estabilizar” y “consolidar” el actual modelo de trabajo a través de la “regularización” de la figura del gabinete técnico.

“la justicia, más que más medios personales y materiales, necesita una organización moderna”, señaló.

Para ello, reclamó la aprobación por el nuevo Gobierno de un reglamento que dé estabilidad a los miembros del gabinete. Sieira reveló que ya han sido varios los letrados que le han expresado su preocupación.

“Sí tengo miedo, no es necesario más esfuerzo económico sino que se mantenga y estabilice el gabinete”, dijo el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, quien también sugirió al nuevo Gobierno la necesidad de implantar el modelo de trabajo asentado en el Alto Tribunal a otros órganos contencioso-administrativos, especialmente a los tribunales superiores de justicia.

INVERSIÓN DE FUTURO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo realizó un informe que presentó al hasta ahora ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el que se detallaba que si bien la actualización del tribunal necesita de una inversión anual de dos millones de euros, la ganancia para el Estado era “infinitamente mayor”.

Para ilustrar este punto, Sieira señaló que sólo en los últimos cinco meses de 2010, las decisiones de lo contencioso del Supremo supusieron un ingreso directo para el Tesoro de más de 322 millones de euros.

“Son cifras muy importantes para las arcas del Estado y para el mundo económico en general”, indicó en referencia a los asuntos que se resuelven relativos a temas fiscales, de responsabilidad patrimonial, expropiaciones o sanciones.

Sieira destacó asimismo el “esfuerzo extraordinario” que están realizando los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una labor “que debe ser reconocida”.

REFORMA DE LA CASACIÓN

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo apuntó además la necesidad de estudiar una reforma del derecho de casación. Señaló en este sentido a la posibilidad de limitar los recursos ante el Supremo a los supuestos en los que haya “un interés casacional” como sucede en los altos tribunales de otros países.

Esta reforma sustituiría al modelo establecido por la última reforma introducida en la Ley de Medidas de Agilización Procesal y que elevó de 150.000 a 600.000 euros el límite mínimo para recurrir ante el Tribunal Supremo en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo.

Aseguró que esta decisión no supone establecer “una justicia para ricos” ya que existe la posibilidad de acudir al Supremo cuando, a pesar de no superar la cantidad de 600.000 euros, se necesita una unificación de doctrina ante decisiones contradictorias entre diferentes órganos jurídicos.

Sieira también sugirió la posibilidad de dar mayores competencias a los tribunales superiores de justicia en materia contenciosa-administrativa, principalmente en cuestiones de expropiaciones y de responsabilidad patrimonial, en detrimento del Supremo.

Aún así, defendió la necesidad de que el Alto Tribunal pueda decidir sobre determinadas materias del derecho autonómico en los casos en que haya conflicto entre tribunales de diferentes comunidades.