Así consta en el auto hecho público hoy por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y por el que decretó el ingreso en prisión de Otegi, del ex secretario general del sindicato abertzale LAB Rafa Díez Usabiaga y otros tres detenidos a los que acusa de un delito de pertenencia a ETA por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de la banda terrorista.

El magistrado acusa a estas cinco personas de intentar crear desde diciembre de 2008 y bajo las órdenes de ETA una nueva “referencia institucional y política” que pasaba por la convergencia entre la izquierda abertzale y “distintos agentes políticos y sociales soberanistas”, y cuyo objetivo era sumar fuerzas para presionar al Estado español y forzarle a asumir “un nuevo proceso de negociación” en el que se reconociera la autodeterminación del País Vasco.

“No se trata de iniciar una apuesta por la vías políticas institucionales y democráticas abandonando la violencia terrorista, sino, sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar apuesta política en la que los obstáculos no son superados mediante votos, si no mediante bombas”, asegura Garzón.

Esta “combinación criminal de votos y bombas” se basaba en una “operación de engaños o enredos a los agentes políticos y sociales, con periodos de desactivación de la violencia terrorista que hagan creíble la oferta política de la izquierda abertzale".