Amarc considera que la ley "se realiza desde una visión empresarial de la comunicación, en vez de plantearse como el desarrollo de derechos fundamentales". Justifica esta queja por el artículo 23, referido al uso social de los medios de comunicación. Cree que este precepto permite que organizaciones sin ánimo de lucro promuevan radios y televisiones comunitarias, "pero de forma marginal".

"La actual redacción es muy deficiente y contraviene la directiva europea de Servicios de Medios Audiovisuales, ya que no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios mientras se establecen unas restricciones y exigencias que no realizan a los servicios de comunicación comerciales", afirma la asociación en una nota.