Las declaraciones de la titular de Hacienda se producen después de que España, Francia, Italia, Austria, Reino Unido y EEUU hayan llegado este jueves a un acuerdo para la transición desde los actuales impuestos digitales que algunos de estos países establecieron de forma unilateral, hacia la solución multilateral acordada hace dos semanas en el seno de la OCDE y el G20.

En concreto, el consenso alcanzado este jueves permitirá a estos países mantener sus impuestos digitales hasta el comienzo de 2023, fecha en la que se prevé que entre en vigor la fórmula acordada en la OCDE y el G20.

“El acuerdo alcanzado demuestra la voluntad de España por llegar a consensos internacionales en temas tan importantes como mejorar la fiscalidad internacional para hacerla más justa, pero también es un ejemplo del liderazgo del Gobierno para defender los intereses de nuestro país en el ámbito tributario y comercial”, aseguró Montero.

Asimismo, la ministra resaltó que “se trata de un acuerdo muy positivo que proporciona seguridad jurídica y certidumbre a nuestro tejido productivo al garantizar que no habrá barreras comerciales a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense”. “Ese riesgo de más aranceles para sectores fundamentales de nuestra economía como la industria textil o del calzado, entre otras, desaparece gracias al trabajo discreto pero eficaz del Gobierno, y también pone de relieve la buena sintonía existente con la administración Biden”, añadió.

Montero también destacó que “con este acuerdo España cumple su compromiso de que adaptaría el impuesto digital al consenso internacional en el marco de la OCDE y el G20, que han dado pasos exitosos para implantar el Pilar 1 del programa BEPS que permitirá un mejor reparto de los beneficios de las multinacionales para que tributen allí donde generen sus ganancias”.

IMPUESTO GLOBAL

El pasado 8 de octubre, 136 países del Marco Inclusivo OCDE/G20 que representan un 94% del PIB mundial alcanzaron un acuerdo sobre un paquete de dos pilares para la reforma del marco fiscal internacional, que entrará en vigor en 2023.

El acuerdo supondrá, por un lado, la creación de un impuesto mínimo del 15% que se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros. Por otro lado, este sistema también conllevará la reasignación de algunos derechos impositivos sobre las empresas multinacionales desde sus países de origen a los mercados donde realizan actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen presencia física allí.