El recurso fue entregado en la sede del Tribunal Constitucional en el última día de plazo que había para su presentación, según confirmaron a Servimedia fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El recurso del PP denuncia cuatro aspectos principales de la ley catalana de educación: la imposición de la lengua catalana frente al castellano, la creación de un cuerpo docente propio catalán, la desaparición de las enseñanzas comunes en el resto de España y la limitación de la libertad de elección de la enseñanza.

Además, argumenta que con la nueva normativa promovida por la Generalitat "desaparece" de Cataluña la Ley Orgánica de Educación aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la pasada legislatura, pues considera que la normativa autonómica sustituye a la nacional.

El diputado del PP Eugenio Nasarre explicó a Servimedia que la ley supone un "disparate lingüístico" porque concede prioridad al catalán sobre el castellano, el cual queda "marginado y expulsado" del sistema de enseñanza.

Nasarre criticó que con la nueva normativa el catalán se convierte "en la única lengua vehicular" mientras que el español se ve "discriminado".

Una de las principales preocupaciones del Partido Popular es la creación de un cuerpo docente propio de profesores en Cataluña, lo cual "se carga la función pública del Estado" y supone un golpe "demoledor" a la movilidad de los docentes por toda España.

Además, denuncia que la libertad de enseñanza queda en cuestión ante la dificultad que encontrarán los padres para elegir la lengua en la que son educados sus hijos y la supresión de las enseñanzas comunes que rigen en el sistema educativo en el resto de España.

Los argumentos del recurso presentado por el Partido Popular se basan en los artículos 27 y 149 de la Constitución española, en especial cuando en el 27.1 "se reconoce la libertad de enseñanza" y en el 27.3 se garantiza "el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El PP también aduce que la Carta Magna protege en el artículo 27.5 la existencia de "una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".