En un comunicado, el sindicato considéró inaceptable que el proyecto "se limite a derogar las vigentes leyes del Tercer Canal y del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre otras normas, trasladando las competencias en materia audiovisual a las comunidades autónomas".

A juicio de UGT, es imprescindible que la futura ley garantice la permanencia de los servicios informativos y la programación y servicios contratados por los parlamentos territoriales dentro de la actividad ordinaria de los entes y corporaciones públicas, "sin posibilidad de cesión o subcontratación total o parcial a terceros, asegurando mecanismos de financiación suficientes para ejercer su deber constitucional de prestación de un servicio público de calidad, plural, veraz y democrático".

UGT cree que esta ley debiera ser un instrumento que facilite que las comunidades autónomas que ahora mismo no tienen servicios públicos audiovisuales (Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra) desarrollen convenios de colaboración con RTVE que favorezcan la implantación de un mapa completo de prestación del servicio público audiovisual en el ámbito territorial.

El sindicato afirma que ha iniciado contactos con los grupos políticos para intentar que el proyecto del Ejecutivo sea modificado en el trámite parlamentario.