Así lo decidieron los diputados que rechazaron la enmienda a la totalidad del PP con 202 votos en contra y 145 a favor. Antes de la votación, el ministro de Universidades, Manuel Castells, defendió que su proyecto derogará el reglamento vigente. La nueva legislación apuesta por la resolución de los conflictos en los campus a través de la mediación y un enfoque menos punitivo.

“La norma llega al Congreso con cuatro décadas de retraso”, aseguró Castells, que mostró su sorpresa por que el régimen disciplinario vigente sea regido “por un decreto de 1954 dado en el Pazo de Meirás”, “preconstitucional e inconstitucional", aseguró.

En su opinión, la normativa actual, el Reglamento de Disciplina Académica, está diseñado “principalmente” para “disciplinar las universidades con caracteres propios de un Estado dictatorial”.

Además, “contradice los principios y valores democráticos, la libertad y el pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulación del sistema universitario vigente”, dijo, y supone una “contradicción que plantea numerosos problemas en su aplicación”. En este contexto puso como ejemplo que la norma actual considera falta grave aquellas que van “contra los principios o las instituciones del Estado o la moral católica” y que establece “sanciones desproporcionadas como la expulsión perpetua” del sistema.

“Este proyecto es una norma necesaria para salvaguardar el principio de igualdad de derechos y deberes del estudiantado”, defendió, asentado en una “minuciosa consulta" con los distintos actores universitarios hasta llegar a un texto “plenamente consensuado”.

CONTENIDO

En cuanto al contenido, el establecimiento de faltas y sanciones se da “con todas las garantías de defensa para el estudiantado”, se permiten “ajustar sanciones” y se analizarán las “circunstancias” del caso concreto y sustituir las sanciones con medidas educativas o reparadoras.

También serán posible que se den “medidas provisionales” en situaciones de “urgencia” para “salvaguardar los derechos del estudiantado" y, en resumen “limita y reduce el enfoque punitivo para plantear un modelo de convivencia, basado en la igualdad” y “el respeto a las pluralidades” y “en una convivencia pacífica” y “apuesta por la mediación como solución preferente para la resolución de conflictos”.

En su reflexión final, el ministro apeló a los diputados a dar ejemplo “en la superación de la confrontación innecesaria y en las formas de debatir nuestros legítimos desacuerdos”, reflejo de la “época de polarización política e ideológica” actual “que está erosionando nuestra capacidad de convivir como especie y como ciudadanos”. “Es urgente que seamos capaces de revertir este proceso autodestructivo”, zanjó.

La diputada del Grupo Popular María Jesús Moro afeó al Gobierno que “la ley reformula el modelo de convivencia en el ámbito universitario” y cuestionó a Castells si ese futuro modelo se basa en el que siguen las universidades catalanas. Para ello citó varios casos de “atropello” por parte de la Generalitat Catalana a estudiantes y profesores que se oponen al gobierno independentista y “simplemente defienden la Constitución”.