En una carta dirigida al Comité Olímpico Internacional (COI), ambas organizaciones destacaron que cientos de familias humildes en decenas de barrios de Río corren peligro de perder sus negocios y casas.

Otras tantas los han perdido ya, sin aviso adecuado, sin previa consulta y sin propuesta de alojamiento alternativo, denunció.

Entendemos que las autoridades brasileñas necesitan construir infraestructuras para asegurar el éxito de las olimpiadas y del Mundial de fútbol, prosiguió Amnistía, pero la expropiación de tierras debe hacerse bajo el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Por ello, las dos organizaciones instaron al COI a “ejercer su influencia para poner fin a esta práctica, antes de que sea demasiado tarde”.

Las olimpiadas no deben permitir que se cometan estos abusos en su nombre ni que “los desalojos empañen su éxito”, concluyó Amnistía.