En una nota de prensa, la organización considera que ese proceso judicial "demuestra la estrategia de criminalización seguida contra el movimiento de oposición a la derrochadora construcción del TAV en Navarra y en el País Vasco, y que llega hasta el delirio de pedir penas de cárcel para los autores de esta inofensiva y simpática acción de protesta".

Según Ecologistas, esta acción, que en cualquier lugar del mundo apenas tendría consecuencias legales, ha derivado en una acusación de atentado a la autoridad ante la Audiencia Nacional.