Durante la presentación del informe anual “Discriminación y Comunidad Gitana 2011”, la directora general para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Cristina Saucedo, alertó sobre “las imágenes estereotipadas que transmiten los medios”, por lo que pidió una “especial atención” en el trato informativo hacia este sector.

El informe muestra la dificultad de acceso a bienes y servicios, especialmente a la vivienda, y los casos de discriminación en el ámbito educativo, por lo que el director de la FSG, Isidro Rodríguez, subrayó la necesidad de una mayor “labor de sensibilización, asistencia a las víctimas y políticas más activas”.

Desde la FSG indicaron que “persiste la falta de información y el sentimiento de indefensión por parte de las víctimas”, que conlleva que “no denuncien por miedo a represalias”, y advirtieron de una “preocupante propagación de la discriminación a través de Internet”.

Asimismo, el estudio, que recoge 115 casos de discriminación registrados durante el año 2010 a través de los 64 centros de asistencia que la FSG tiene por toda España, concluye que se mantiene una “imagen negativa” de la comunidad gitana con especial hincapié en las mujeres, que representan el 69% de las víctimas de discriminación.

Señalaron la importancia de mejorar la asistencia a las víctimas, el desarrollo de legislación específica que integre a la comunidad gitana y la “vital colaboración” de las administraciones con el movimiento asociativo.

El director de la FSG también abogó por trabajar para reducir la tasa desempleo entre la comunidad, la lucha contra el chabolismo y una reducción del abandono escolar, ya que el 80% del alumnado gitano no termina la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

No obstante, destacaron algunas “acciones positivas” en la lucha contra la discriminación, como la creación del Consejo para la Promoción de Igualdad de Trato y no Discriminación, las fiscalías contra los delitos de odio y el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que esperan culmine su trámite normativo tras ser aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de este año.