En la exposición de motivos de esta proposición, a la que tuvo acceso Servimedia, se expone que “en agosto se disparó el precio de la electricidad a máximos históricos, con un precio medio de casi 106 euros por Mwh y el mes de septiembre ha seguido en esa misma senda ascendente”.

Asimismo, se añade que “la factura de la luz acumulada durante 2021 hasta el mes de agosto resultó un 25,1% más cara que la del año 2020, según indica OCU”.

Sánchez indica que organizaciones de consumidores como Facua y OCU denuncian “la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracterizan el mercado eléctrico español, donde no existe explicación completa y satisfactoria sobre la espectacular e histórica subida del precio de la electricidad y exigen que se abra una investigación sobre el escandaloso incremento del precio de la electricidad de los últimos meses”.

Tras considerar que “hay factores de encarecimiento de materias primas, aumento de la demanda o meteorológicos, estas circunstancias coyunturales podrían estar siendo aprovechadas por las grandes empresas eléctricas para marcar precios por encima de los que les exigirían sus costes de producción”, se destaca que “en un mercado en el que solo cinco grandes empresas controlan más del 80 por ciento de la producción, es fácil que dichas empresas aprovechen las circunstancias para hacer que los precios suban más allá de lo razonable”.

Para UP, el acceso a un bien básico y esencial como es la electricidad constituye un “derecho de la ciudadanía que no puede quedar supeditado a los intereses del oligopolio eléctrico”.

Por ello, se apunta en la iniciativa, es “necesario llevar a cabo una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética, que aporte transparencia en el mercado eléctrico como condición indispensable que permita conocer qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio".

“Tras las conclusiones de esta auditoría independiente de personas expertas podremos abordar en profundidad la reforma del sector eléctrico para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación, revertir los abusos que hayan podido realizar las empresas eléctricas implicadas y avanzar hacia una transición más justa y ecológica”, concluye Sánchez.